La ley estatal del Derecho a la vivienda busca, con una consulta pública de dicho proyecto, regular las políticas de la vivienda como servicio público en nuestra nación, donde esperamos con mucha esperanza un repunte en un sector vital para la sociedad. La crisis sanitaria que hemos experimentado a lo largo del 2020 afectó profundamente muchos aspectos de nuestra economía nacional.
Por supuesto, el sector inmobiliario sintió de frente el impacto del Covid-19, pues las predicciones de los expertos apuntaban a un descenso del precio de las viviendas cercano al 10%. No queda duda que el costo humano de esta crisis ha sido muy alto pero, afortunadamente, el sector inmobiliario no experimentó una crisis tan rotunda como la que vivimos en el año 2008, donde existía absoluta desconfianza interbancaria creando las condiciones que nos llevaron, en su momento, al abismo inmobiliario sufrido en años anteriores.
El artículo 47 de la Constitución Española dictamina que todos los españoles tienen derecho a disfrutar plenamente de una vivienda adecuada y digna. Esto sentó el precedente para que el derecho a la vivienda cobre la importancia necesaria en el concepto de la vivienda como aspecto humano indispensable. El contexto inmobiliario europeo espera con ansias experimentar una recuperación paulatina donde todos los sectores puedan ser igualmente beneficiados.
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La transparencia en la información es clave en la ley Estatal por el Derecho a la Vivienda
Los servicios ofrecidos por el equipo de CMS Inmobiliaria están en sintonía con la idea de crear un esfuerzo conjunto donde todas las personas puedan gozar plenamente de una vivienda digna a precio asequible. Es cierto que el mercado inmobiliario ha sido, históricamente, uno de los más estables de todos, pero la crisis sanitaria sin precedentes que se ha vivido en el planeta paralizó los intercambios inmobiliarios como consecuencia directa del estado de alarma.
El poder adquisitivo se vio disminuido a causa del confinamiento y el desempleo, donde muchos propietarios se vieron en la necesidad de vender sus propiedades para contar con liquidez inmediata.
El mercado se comportó de manera fluctuante, provocando que algunos compradores aprovecharan precios reducidos derivados de la urgencia económica y social que el virus generó. La Ley estatal de Derecho a la Vivienda es la primera en su género en la historia democrática de España, nacida directamente de la necesidad imperante de hacer frente a una crisis que aún no llegará totalmente a su fin.
Considerar a la vivienda como un servicio público de interés general es lo que genera el blindaje de la función social de la vivienda en nuestra nación. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destaca que «en años anteriores la agenda urbana y la vivienda han sido abandonadas y no han tenido la prioridad que se merecen», incluso mencionando que personas en situación delicada han visto vulnerado su derecho al alquiler al anular el carácter social de las operaciones de venta de vivienda social a fondos que no están en sintonía con dicha alineación.
Un derecho constitucional que se adentra en el aspecto más humano de la vivienda
Una de las solicitudes más frecuentes con respecto a esta nueva ley es garantizar la accesibilidad a una vivienda digna, donde no exista excepción alguna ni discriminación ante grupos vulnerables de la sociedad, como las personas con discapacidad, por ejemplo.
Sumado a esto, el Boletín Especial de Vivienda Social sirvió como el instrumento catalizador para manifestar la necesidad de adoptar medidas que funcionen a favor de la vivienda social, las cuales son viviendas con un precio de alquiler limitado de titularidad pública o de otras entidades especializadas, dirigidas principalmente a personas cuyo acceso a una vivienda sea dificultoso.
Diversos sucesos políticos y sociales han hecho que la vivienda social en España sea un proyecto escasamente desarrollado, a diferencia de los principales países de Europa. Los datos arrojados por el Boletín Especial de Vivienda Social señalan que la cantidad de viviendas sociales de titularidad pública se sitúa en torno a las 290.000 viviendas, lo cual contrasta mucho de las más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas a lo largo de 38 años (1981 a 2019).
Consecuentemente, dichas viviendas protegidas han sido destinadas mayormente a la venta, restando importancia a la vivienda pública destinada únicamente para el alquiler. En resumidas cuentas, podemos indicar que la ley Estatal del Derecho a la Vivienda se concentra principalmente en estos 6 puntos:
- Blindar la función social de la vivienda en nuestra sociedad.
- Regular las políticas de la vivienda como servicio público de interés general.
- Reforzar el derecho de una vivienda digna a precio asequible
- Reforzar la planificación interadministrativa en la materia.
- Promover el desarrollo de parques públicos de vivienda.
- Proveer información transparente en todas las operaciones inmobiliarias.
Empezamos a ver la luz al final del túnel de esta crisis que afectó a todo el planeta de forma unánime. El derecho a una vivienda digna debe ser un tema de necesidad primordial en una sociedad que busca salir adelante. La Constitución Española avala el acceso a la vivienda, por lo cual podemos esperar resultados prometedores en el futuro.
